El Supremo facilita la anulaciĆ³n de comprobaciones de valores en viviendas compradas o heredadas
- Yrving Navarro
- 30 may 2024
- 3 Min. de lectura
La prĆ”ctica habitual de la AdministraciĆ³n autonĆ³mica es solicitar la valoraciĆ³n de la vivienda comprada o heredada por un contribuyente a sus propios servicios internos mucho antes de notificar formalmente el inicio del procedimiento de comprobaciĆ³n de valores al comprador. AsĆ, es comĆŗn que el informe de valoraciĆ³n tenga, por ejemplo, fecha del mes de julio, mientras que el inicio del procedimiento no se notifique hasta noviembre, o incluso mĆ”s tarde. Este ādesfaseā ha generado dudas entre muchos jueces, ya que la normativa no establece claramente cuĆ”ndo debe considerarse iniciado el procedimiento de comprobaciĆ³n de valores, aunque sĆ se regula que su duraciĆ³n mĆ”xima es de seis meses, segĆŗn la Ley General Tributaria. Ahora, el Tribunal Supremo ha declarado ilegal esta prĆ”ctica de la administraciĆ³n, abriendo la puerta a la anulaciĆ³n de numerosas comprobaciones de valores, cuyo objetivo era que el ciudadano pagara mĆ”s impuestos.
El Tribunal Superior de Justicia de Asturias, en un caso que elevĆ³ al Tribunal Supremo, consideraba que la fecha en que debe iniciarse la comprobaciĆ³n de valores no es la de la notificaciĆ³n al contribuyente del inicio del procedimiento, sino la fecha en la que la propia administraciĆ³n autonĆ³mica solicitĆ³ internamente la valoraciĆ³n de los inmuebles.
Ahora, el Supremo da la razĆ³n al TSJ de Asturias, al considerar que en el momento en que se solicita la valoraciĆ³n de los inmuebles (antes incluso de que se emita el informe de valoraciĆ³n) ya se habrĆa iniciado el procedimiento de comprobaciĆ³n de valores.
En una sentencia del pasado 1 de marzo de 2024 (recurso 7146/2022), el alto tribunal se refiere a actuaciones de valoraciĆ³n de inmuebles realizadas por la propia AdministraciĆ³n que luego inicia el procedimiento de comprobaciĆ³n de valores.
Esta sentencia establece como doctrina jurisprudencial que desde que solicita un dictamen de peritos para verificar el valor del bien, la AdministraciĆ³n ha iniciado un procedimiento de comprobaciĆ³n de valores, y en ese momento se deberĆ” notificar la incoaciĆ³n al interesado.
En dicha notificaciĆ³n de inicio, la AdministraciĆ³n deberĆ”, ademĆ”s, motivar ese acuerdo de inicio del procedimiento de comprobaciĆ³n del valor del inmueble adquirido para el cual se solicita el dictamen de peritos. Es decir, deberĆ” exponer las razones que le han llevado a querer revisar el precio de adquisiciĆ³n del inmueble que se ha comprado, donado o heredado.
El Supremo prosigue seƱalando que la AdministraciĆ³n autonĆ³mica āpodrĆ” notificar conjuntamente la propuesta de liquidaciĆ³n y la valoraciĆ³n, posibilidad contemplada en el art. 134.1 LGT, si dispone de los datos necesarios para ello, pero no podrĆ” practicar primero la comprobaciĆ³n que se deja pendiente de poner en conocimiento del interesado hasta que la AdministraciĆ³n estime oportuno incoar el procedimiento, eludiendo asĆ el cumplimiento del plazo para resolverā.
Salcedo recuerda que esto tiene una incidencia directa en el plazo mĆ”ximo de duraciĆ³n del procedimiento, que legalmente es de seis meses.
Amplia posibilidad de anular numerosas comprobaciones de valores
No solo deberĆ” anularse la liquidaciĆ³n finalmente dictada, archivando el expediente, sino que ademĆ”s nada de lo actuado habrĆ” interrumpido la prescripciĆ³n tributaria. Por ello, es recomendable revisar todos los procedimientos de comprobaciĆ³n de valores que actualmente se encuentren recurridos para incluir la alegaciĆ³n de caducidad del procedimiento y, si corresponde, de prescripciĆ³n.
ĀæQuĆ© implica interponer una alegaciĆ³n de caducidad del procedimiento? Implica no solo la anulaciĆ³n de la liquidaciĆ³n dictada, sino tambiĆ©n la declaraciĆ³n de prescripciĆ³n del derecho de la AdministraciĆ³n a dictar una liquidaciĆ³n. Esto se traduce en la imposibilidad para la comunidad autĆ³noma correspondiente de reiniciar una comprobaciĆ³n del valor del inmueble.